Celebramos hoy el trigésimo aniversario de la aprobación de la actual Constitución en referéndum. Una Constitución que no gusta a muchos y de la cual cada vez más voces piden la reforma.
Nacieron, las Constituciones, con la independencia de los Estados Unidos de América (la suya data de 1787) y, después, con la revolución francesa, como una ley que igualaba a todos y bajo la cual todos habían de someterse. Cuando se aplicó a las monarquías, también el rey debía estar bajo ella, sustituyendo, así, el absolutismo real por la monarquía constitucional y la concepción divina sobre el origen del poder por la soberanía popular, pues las Constituciones siempre han emanado de ella y, al mismo tiempo, la han consagrado.
En España, este camino fue difícil y complicado. Si bien fuimos pioneros (el año 1812 se aprobaba nuestra primera Constitución) ésta no duró apenas, pues Fernando VII la anuló al poco de regresar a territorio español, y eso que las Cortes que la aprobaron (las de Cádiz) siempre le habían reconocido a él como legítimo rey de España, frente a José Bonaparte, impuesto por su hermano Napoleón. El éxito del pronunciamiento de Riego empujó al rey a acatarla y jurarla (“francamente”, dijo) pero tres años después demandó la ayuda de la Santa Alianza para volver a abolirla y reimplantar el absolutismo.
A su muerte, su hija Isabel (y sus regentes, mientras ésta fue niña) tuvieron que aceptar el constitucionalismo, dado que eran los liberales quienes defendían los derechos dinásticos de Isabel, mientras que los absolutistas militaban en el bando carlista, o sea, defendían los derechos dinásticos de Carlos, el hermano de Fernando VII. Sin embargo, ni la Corona estaba sinceramente por el constitucionalismo ni los liberales se ponían de acuerdo: cada partido, cuando llegaba al poder, intentaba una Constitución a su gusto, olvidando a toda la oposición. Así, el 1837 los progresistas aprobaron una Constitución que los moderados cambiaron para aprobar una nueva en 1845. A mediados de la década de los 50, los progresistas comenzaron a elaborar otra, pero no tuvieron tiempo de aprobarla.
Con la abdicación de Isabel II, el gobierno provisional elaboró una nueva, la de 1869, que mantenía la monarquía y dejaba al margen a los republicanos, pues los monárquicos eran mayoría en aquellas Cortes Constituyentes. Pero el invento duró poco, Amadeo I abdicó y aquellas Cortes monárquicas votaron a favor de instaurar la República (la primera). Nuevas elecciones a Cortes Constituyentes y nuevo proyecto de Constitución, esta vez republicana y federal, que no llegó a aprobarse nunca, pues la república fue finiquitada por un golpe de estado (o dos, según se mire: el de Pavía, que mantuvo la república sin democracia, y el de Martínez Campos, meses después, que reinstauró la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII).
La nueva Constitución se aprobó en 1876 y mantuvo un régimen de elecciones amañadas que conocemos como la restauración. 1931, se proclama la república (la segunda) y se aprueba una nueva Constitución, la primera y, hasta ahora, la única republicana de la historia de España. Pero ya sabemos cuánto duró y qué vino después: una monarquía sin rey en la que la Constitución era sustituida por las Leyes Fundamentales del Reino.
Con la transición y la recuperación de la democracia, se elaboró una nueva Constitución, la de 1978, cuyo aniversario hoy celebramos. Una Constitución que fue fruto del consenso, y éste es su mérito y, probablemente, lo que ha permitido que se mantenga vigente treinta años ininterrumpidos, sin que ningún gobierno haya sentido la tentación de sustituirla por otra y sin que ningún militar la haya abolido por la fuerza (aunque lo intentaron). Al elaborarla, se intentó contentar a todos: a la derecha y a la izquierda, y también a los nacionalistas. Así, por ejemplo, la izquierda, de tradición republicana, aceptó la monarquía y la bandera bicolor; la derecha, tan defensora siempre de la unidad, aceptó las autonomías, que han descentralizado el Estado español mucho más de lo que lo están muchos Estados federales. A los nacionalistas, además de la posibilidad de los Estatutos de Autonomía, se les regaló la distinción entre nacionalidades y regiones, que tantos quebraderos de cabeza ha dado, pues nadie sabe a ciencia cierta en qué consista tal distinción.
Por eso, a menudo, la actual Constitución no gusta a casi nadie. De haberla hecho a solas, cada partido la hubiera hecho muy diferente. Pero, tal vez, éste sea su mérito: no gustar a nadie. Y su garantía de permanencia, más allá de las reformas que, sin duda, habrá que hacerle.
Luis María Llena León. © 6 de diciembre de 2008
Nacieron, las Constituciones, con la independencia de los Estados Unidos de América (la suya data de 1787) y, después, con la revolución francesa, como una ley que igualaba a todos y bajo la cual todos habían de someterse. Cuando se aplicó a las monarquías, también el rey debía estar bajo ella, sustituyendo, así, el absolutismo real por la monarquía constitucional y la concepción divina sobre el origen del poder por la soberanía popular, pues las Constituciones siempre han emanado de ella y, al mismo tiempo, la han consagrado.
En España, este camino fue difícil y complicado. Si bien fuimos pioneros (el año 1812 se aprobaba nuestra primera Constitución) ésta no duró apenas, pues Fernando VII la anuló al poco de regresar a territorio español, y eso que las Cortes que la aprobaron (las de Cádiz) siempre le habían reconocido a él como legítimo rey de España, frente a José Bonaparte, impuesto por su hermano Napoleón. El éxito del pronunciamiento de Riego empujó al rey a acatarla y jurarla (“francamente”, dijo) pero tres años después demandó la ayuda de la Santa Alianza para volver a abolirla y reimplantar el absolutismo.
A su muerte, su hija Isabel (y sus regentes, mientras ésta fue niña) tuvieron que aceptar el constitucionalismo, dado que eran los liberales quienes defendían los derechos dinásticos de Isabel, mientras que los absolutistas militaban en el bando carlista, o sea, defendían los derechos dinásticos de Carlos, el hermano de Fernando VII. Sin embargo, ni la Corona estaba sinceramente por el constitucionalismo ni los liberales se ponían de acuerdo: cada partido, cuando llegaba al poder, intentaba una Constitución a su gusto, olvidando a toda la oposición. Así, el 1837 los progresistas aprobaron una Constitución que los moderados cambiaron para aprobar una nueva en 1845. A mediados de la década de los 50, los progresistas comenzaron a elaborar otra, pero no tuvieron tiempo de aprobarla.
Con la abdicación de Isabel II, el gobierno provisional elaboró una nueva, la de 1869, que mantenía la monarquía y dejaba al margen a los republicanos, pues los monárquicos eran mayoría en aquellas Cortes Constituyentes. Pero el invento duró poco, Amadeo I abdicó y aquellas Cortes monárquicas votaron a favor de instaurar la República (la primera). Nuevas elecciones a Cortes Constituyentes y nuevo proyecto de Constitución, esta vez republicana y federal, que no llegó a aprobarse nunca, pues la república fue finiquitada por un golpe de estado (o dos, según se mire: el de Pavía, que mantuvo la república sin democracia, y el de Martínez Campos, meses después, que reinstauró la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII).
La nueva Constitución se aprobó en 1876 y mantuvo un régimen de elecciones amañadas que conocemos como la restauración. 1931, se proclama la república (la segunda) y se aprueba una nueva Constitución, la primera y, hasta ahora, la única republicana de la historia de España. Pero ya sabemos cuánto duró y qué vino después: una monarquía sin rey en la que la Constitución era sustituida por las Leyes Fundamentales del Reino.
Con la transición y la recuperación de la democracia, se elaboró una nueva Constitución, la de 1978, cuyo aniversario hoy celebramos. Una Constitución que fue fruto del consenso, y éste es su mérito y, probablemente, lo que ha permitido que se mantenga vigente treinta años ininterrumpidos, sin que ningún gobierno haya sentido la tentación de sustituirla por otra y sin que ningún militar la haya abolido por la fuerza (aunque lo intentaron). Al elaborarla, se intentó contentar a todos: a la derecha y a la izquierda, y también a los nacionalistas. Así, por ejemplo, la izquierda, de tradición republicana, aceptó la monarquía y la bandera bicolor; la derecha, tan defensora siempre de la unidad, aceptó las autonomías, que han descentralizado el Estado español mucho más de lo que lo están muchos Estados federales. A los nacionalistas, además de la posibilidad de los Estatutos de Autonomía, se les regaló la distinción entre nacionalidades y regiones, que tantos quebraderos de cabeza ha dado, pues nadie sabe a ciencia cierta en qué consista tal distinción.
Por eso, a menudo, la actual Constitución no gusta a casi nadie. De haberla hecho a solas, cada partido la hubiera hecho muy diferente. Pero, tal vez, éste sea su mérito: no gustar a nadie. Y su garantía de permanencia, más allá de las reformas que, sin duda, habrá que hacerle.
Luis María Llena León. © 6 de diciembre de 2008
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